Tribunal de Cundinamarca suspendió la licencia ambiental de la Troncal de Los Andes

El Tribunal de Cundinamarca expidió el auto mediante el cual ordena la suspensión de la licencia ambiental del proyecto de desarrollo vial denominado Troncal de Los Andes.

Las medidas cautelares ordenadas por el tribunal fueron solicitadas por la Personería de Chía dentro del proceso de Acción Popular.

En el artículo primero de su decisión, el Tribunal decretó parcialmente la medida cautelar solicitada, en el sentido de ordenar la suspensión sobre la Resolución 02189 del 27 de noviembre de 2.018 de la ANLA, por la cual se otorgó la licencia ambiental a la Troncal de Los Andes.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que esta medida cautelar tiene como finalidad prevenir la vulneración actual o inminente de un derecho colectivo.

“Es actual e inminente el daño a los intereses colectivos alegados por los demandantes con ocasión de las actividades licenciadas”, señala el auto.

La decisión también suspende “todas las obras y actividades autorizadas en la mencionada Resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, así como cualquier actividad de intervención del predio San Jacinto”.

La suspensión estará vigente hasta tanto se determine con certeza por parte de las autoridades ambientales, con acompañamiento de expertos, la caracterización del cuerpo de agua no identificado en el trámite de licencia ambiental del Proyecto vial denominado “Troncal de Los Andes”.

O hasta que se profiera una sentencia que ponga fin a la controversia planteada.

La providencia del tribunal, también señala que, de ser necesario, se deben realizar las gestiones necesarias por parte de la Sociedad Accesos Norte de Bogotá, para la modificación de la cuestionada licencia ambiental.  

Igualmente, el auto ordena a la alcaldía, a la CAR y a la Secretaría de Medio Ambiente, que dentro de los tres meses siguientes a la notificación de esta decisión, realicen los estudios necesarios para caracterizar el cuerpo de agua.

El Tribunal determinó que para la materialización de la orden impartida concede un plazo de 15 días.