Qué le depara a la PETAR de Zipaquirá, se convertirá en un elefante blanco?

Qué le depara a la PETAR

La obra, que ha alcanzado un 90% de ejecución y ha requerido una inversión cercana a los $70.000 millones, se encuentra paralizada desde el año 2019. Hasta el momento, no se conoce ningún proceso en contra del contratista.

Según el informe presentado por el Gerente de las Empresas Públicas de Zipaquirá, Orlando Sotelo ante el concejo municipal, se conoció que se ha cancelado al contratista responsable de la obra el 80% de los recursos correspondientes a la que le resta un 10 %, sin embargo, preocupa que este faltante no se ejecute.

El concejal Juan Guillermo Gutiérrez considera que esta última etapa puede ser la más importante, ya que implica la instalación de los circuitos eléctricos y la maquinaria necesaria para el tratamiento del agua.

Además, el concejal menciona que hacen falta algunas instalaciones físicas, incluyendo una planta elevadora costosa. Se estima que los $13.000 millones pendientes de desembolso podrían no ser suficientes para completar la planta de tratamiento.

Inicialmente, el costo del proyecto era de $54.000 millones, pero debido a adiciones, terminó ascendiendo a $64.000 millones.

Gutiérrez sostiene que desde su diseño, presentó varias fallas, como su ubicación en la zona nororiental de Zipaquirá, lo que impide abastecer a todos los barrios del municipio. Por lo tanto, es necesario adquirir una planta de elevación o bombeo para abastecer las zonas no cubiertas por la PETAR.

La obra fue resultado de un convenio interadministrativo suscrito entre la CAR y la EPZ (Empresas Públicas de Zipaquirá) en ese entonces EAAAZ en 2014, y comenzó a ejecutarse a principios de 2015 pasando por tres administraciones sin resultado alguno.

Sin embargo, después de 8 años de obras y casi 5 años de abandono, el contratista fue declarado insubsistente y el contrato se dio por terminado en 2022.

Para el cabildante, esto invalida los términos del contrato y hace que no se puedan imponer sanciones económicas ni legales al contratista, dejando sin un responsable claro en este momento.

Hasta el momento, la única acción tomada para aclarar la responsabilidad por el retraso y abandono de la obra ha sido la creación de un tribunal de arbitraje privado, solicitado por el propio contratista bajo los términos del contrato que se supone ya no tiene validez.

Esto ha generado interrogantes entre los concejales sobre por qué los términos del contrato no son válidos para la imposición de sanciones, pero sí lo son para la creación del tribunal de arbitraje.

Por el momento, el caso no ha sido llevado a los órganos de control, pero el concejal Gutiérrez ha asegurado que está recopilando pruebas para presentarlas ante los tribunales.

Por su parte, el municipio está respondiendo legalmente a la CAR por el incumplimiento de uno de los dos convenios suscritos en el marco de la obra.

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