Exigen explicación por vulneración de derechos a 2.700 privados de la Libertad en Cundinamarca

Exigen explicación por vulneración de derechos a 2.700 privados de la Libertad en Cundinamarca

En comunicación al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), la Procuraduría General de la Nación solicitó informar las razones por las cuales se estarían vulnerando los derechos fundamentales de más de 2.700 personas privadas de la libertad (PPL) en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPC) La Esperanza del municipio de Guaduas, Cundinamarca.

El Ministerio Público señaló en su oficio que tras la vigilancia preventiva desplegada en el interior del centro de detención, el ente de control conoció el insuficiente abastecimiento de agua potable, desde el lunes 23 de mayo de 2021, por parte del operador JL Ingeniería – Opiambiental, proveedor de dicha unidad de servicios penitenciarios.

Adicionalmente, manifestó que obtuvo información que señala que, al parecer, el EPC estaría retrasado en hacer el pago al contratista que suministra la alimentación y maneja el rancho, quien adeudaría la nómina a sus trabajadores y proveedores bajo el argumento de que la USPEC no le ha cancelado.

Para la Procuraduría Provincial de Honda estas situaciones podrían desencadenar una emergencia sanitaria en el establecimiento de reclusión, y conllevar a afectaciones en la seguridad, el orden y principalmente en la salud de las PPL.

En cumplimiento de su labor preventiva, el ente de control requirió a los directores de la USPEC y del EPC La Esperanza, rendir un informe detallado de las causas que generaron estas inconsistencias en el acceso a servicios públicos esenciales, del plan de emergencia activado para atender su interrupción, y del estado actual de su restablecimiento. 

En cuanto al posible incumplimiento del contrato de suministro de alimentación, pidió explicar las causas a las que se le atribuye dicha situación administrativa, así como las medidas tomadas con el fin de evitar este tipo de hechos.

Finalmente, la Entidad recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, y que solo busca anticiparse a la ocurrencia de hechos que generen la vulneración de los derechos de la ciudadanía.

Exigen explicación por vulneración de derechos a 2.700 privados de la Libertad en Cundinamarca