Unas 250 familias dedicadas al transporte escolar en Zipaquirá viven una angustiosa situación económica por cuenta del Covid-19.
Desde el 13 de marzo cuando los colegios tuvieron que suspender sus actividades por cuenta de Covid-19 en estos hogares las cosas pasaron de castaño a oscuro.
Son familias que dependen económicamente de los contratos por llevar a los niños de la ciudad a sus colegios, por movilizar y dinamizar la educación privada en Zipaquirá, un sector económico que agremia a unos 70 establecimientos.
Para ellos no hoy vacaciones, no hay primas, no hay cesantías.
En Zipaquirá son 122 busetas de transporte escolar, 122 propietarios afectados, y otro igual número de monitoras que por norma deben acompañar a las rutas escolares.
Pero en la misma situación pueden estar empresarios como ellos en los municipios de Cota, Chía, Tenjo y Cajicá, un corredor en el que también hay una oferta grande de educación privada.
Para ellos hasta ahora no hay solución o propuesta alguna. No la hay del gobierno nacional, y menos de las autoridades del municipio.
Los costos para operar sus vehículos no cesan, así sea que los carros estén literalmente varados, pero los ingresos se han reducido a cero.
Y en esas condiciones tampoco tienen acceso a crédito en el sector financiero.
Muchos de estos vehículos están completamente parados porque en la primera semana de marzo se vencieron los seguros de responsabilidad extracontractual y contractual, que deben tener al día para poder operar, y cuyos costos ascienden a cerca de 900 mil pesos.
Estos empresarios del transporte deben pagar a sus empresas un rodamiento mensual que oscila entre los 150 y los 200 mil pesos y un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de 1.3 millones de pesos.
Estos, además de otros costos que hoy se están generando, aunque no estén operando, como el pago de sus aportes a seguridad social, de parqueadero y el mantenimiento de sus automotores, su herramienta de trabajo.
La crisis es más aguda para unos 15 de estos trabajadores independientes que tuvieron que someterse al proceso de chatarrización de sus vehículos porque cumplieron los 20 años de vida útil.
Además de estar privados del sustento de sus familias, hoy tienen que responder a las entidades financieras por cuotas mensuales de hasta un millón y medio de pesos por los créditos que asumieron para sus nuevos vehículos de trabajo.
Todo el gremio del transporte escolar está gravemente afectado y sin ayudas de ninguna clase.
A su precaria situación económica se suma que el Ministerio de Educación Nacional no autorizó que los padres hicieran los pagos de transporte escolar de los meses de abril y mayo, y que además algunas familias decidieron no hacer su pago del mes de marzo o lo hicieron incompleto.
Por ahora esperan las noticias del presidente Duque para saber qué va a suceder después del 11 de mayo, porque si los colegios no regresan a las aulas, como se prevé, la crisis los va a obligar a tomar otras alternativas de ingreso para mantener sus hogares.
Es el vivo retrato de miles de colombianos trabajadores independientes, que son la mayoría, que para las estadísticas de empleo del DANE son trabajadores, pero que en esta crítica situación no encuentran respuestas del Estado.