La Fiscalía General de la Nación informó que dentro del proceso de judicialización fue impuesta una medida de aseguramiento en contra del alcalde de La Palma John Jairo Pulido Pulgarín y el contratista José Raúl Cruz Quintero.
Alcalde y contratista son presuntos responsables de las irregularidades detectadas en el contrato 073 del 30 de marzo 2020 para el suministro de productos de consumo básico y de aseo a la población vulnerable durante la pandemia del Covid-19.
Una fiscalía especializada adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Cundinamarca, en coordinación con la Dirección Anticorrupción de la Fiscalía General, les imputó 4 delitos.
Los delitos que les fueron imputados son
- Contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Peculado en la modalidad de tentativa
- Falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con los hallazgos del ente acusador, el precio del contrato ascendió a 65 millones de pesos por los posibles sobrecostos facturados en los productos.
El mandatario local y el contratista, al parecer, no documentaron el cómo, cuándo, dónde y a quiénes específicamente se entregaron los mercados, los kits de aseo y de seguridad personal, que debían ser destinados a las familias afectadas por la emergencia sanitaria en el municipio de La Palma.
La Fiscalía presume que se habrían vulnerado los principios de transparencia y selección objetiva, toda vez que el diseño del contrato y su adjudicación no se ajustan a los requerimientos que exige la ley en estos casos.
Mediante Decreto número 332 del 2 de julio de 2020, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, designó como Alcalde encargado del municipio de La Palma a Wilder Enrique Moreno quien actualmente se desempeña como subdirector de Cultura del IDECUT.
“Desde un principio, al alcalde Pulido Pulgarín le asistía un interés por adjudicarle a este empresario el contrato, como lo hizo saber públicamente varias veces en los medios de comunicación; incluso, en entregarle la administración de un parque automotor del Municipio, dinero que no alcanzó a salir de las arcas de la población”, sostuvo la representante de la Fiscalía al hacer la imputación.
Al término de las audiencias, el juez les impuso la detención domiciliaria a los investigados como medida de aseguramiento preventiva.
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