El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones y da lugar a la apertura de 4 indagaciones preliminares por $6.074 millones.
Los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570 mil millones, que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar para niños, niñas y adolescentes inscritos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), pertenecientes a los centros educativos oficiales del país.
Indagaciones Preliminares
En el marco del control concomitante y preventivo que realiza la CGR, se dispuso el inicio de 4 indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, que involucran la contratación en los municipios de:
Chía ($3.771 millones); Medellín ($2.224 millones), Zipaquirá ($43 millones) y Arboletes -Antioquia- ($34 millones).
Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.
Las alertas generadas por la Contraloría en Cundinamarca son las siguientes:
- Contratación del Departamento ($2.474 millones)
- Facatativá ($599 millones)
- Fusagasugá ($22 millones)
- Funza ($1.130 millones)
- Girardot ($37 millones)
- Soacha ($765 millones).
Esta web usa cookies.
Read More