El personero de Zipaquirá Miller Mauricio Castro le solicitó a la Alcaldía que se efectúen y den a conocer políticas públicas claras frente a la recuperación del espacio público.
“La Personería no pretende promover la informalidad en las ventas, por el contrario, reclama de la Administración Municipal la protección de la integridad del espacio público, que se debe realizar atendiendo los lineamientos de la Corte Constitucional», le dijo el personero al secretario de Gobierno.
Según la Personería, la Corte Constitucional solicita conocer las políticas públicas que la Administración tiene en materia de espacio público, en la cuales, se puedan evidenciar las estrategias de reubicación y/o alternativas económicas a los vendedores informales que puedan resultar afectados con los operativos de recuperación.
Según el Artículo 82 de la norma superior, es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, y por consiguiente, es de competencia de los alcaldes hacer cumplir las normas relativas a la protección y acceso al espacio público, le señala el personero a la Alcaldía.
Que se tenga en cuenta que con ocasión de las medidas de recuperación, pueden resultar vulnerados derechos de rango constitucional, como lo es el derecho al trabajo y el de la libertad de escoger profesión u oficio, dice la Personería.
El personero, también requirió, que se avance en una caracterización y en la búsqueda de alternativas para la formalización de los comerciantes informales zipaquireños.
Además, señaló que según la jurisprudencia se deben amparar los derechos de quienes han venido ejerciendo la actividad de manera permanente, pacífica y con plena anuencia de la Administración Municipal, lo cual, es catalogado como principio de confianza legítima.
En conclusión, el deber del Estado de velar por el espacio público no es justificación para que se afecten los derechos de los vendedores informales, quienes son sujetos de especial protección constitucional dadas las circunstancias de debilidad o desprotección en las que se encuentran.
Ante los conflictos que puedan llegar a presentarse, la Corte ha indicado que la Administración debe procurar por desarrollar políticas públicas que ofrezcan alternativas económicas adecuadas a quienes resulten afectados en los procesos de recuperación del espacio público.
La Personería también solicitó, que previo a los próximos operativos de recuperación del espacio público, se tengan en cuenta las consideraciones oficiadas por la Personería.
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